El PP seguirá sin hacer oposición a Sánchez: Génova rebaja los ataques al Gobierno.

Hablamos de las consecuencias políticas de la fatídica gestión de la DANA. En el Partido Popular cierran filas en torno al presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, y plantean la estrategia de que no les cueste rédito electoral de cara a unas elecciones autonómicas. De hecho, desde Génova han rebajado los ataques al Gobierno para que las críticas a Mazón no se endurezcan, y terminen contagiando a todo el PP.  El portavoz de la ejecutiva popular, Borja Sémper, que ha insistido en que este no es el momento de exigir responsabilidades políticas a Moncloa. De esta manera, Borja Sémper aplazaba la asunción de responsabilidades políticas hasta encarrilar la reconstrucción, diciendo que “Ahora no toca”.  Por eso, ha ofrecido el apoyo del Grupo Popular al segundo real decreto de 110 medidas adicionales para los afectados por valor de 3.765 millones que ha aprobado el Consejo de Ministros. El Gobierno aprueba destinar otros 1.000 millones de euros para hospedar a inmigrantes ilegales El Consejo de Ministros aprueba a petición del MInisterio de Migraciones un acuerdo para incrementar el presupuesto destinado a los llamados programas de ayuda humanitaria y de protección internacional. Según denuncia el exdiputado Pablo Cambronero en Twitter, mediante este acuerdo se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El Gobierno sostiene que esta medida tiene como objetivo atender los compromisos adquiridos en la Declaración de Emergencia, es decir: tras la DANA de Valencia. Entre otros puntos, en el contexto migratorio se incrementa el límite de gasto destinado a mantener un número de plazas adecuado durante los primeros nueve meses del año, con objeto de evitar que haya personas que queden en situación de calle. El aumento asciende a casi 1.000 millones de €, que también contarán con una partida importante destinada a hacer frente a las necesidades ordinarias de gestión económica y contractual de la Dirección General, en concepto de gastos y servicios (sin aclarar muy bien a qué se van a dedicar).